Clases sociales: estructura y evolución

Generales, senadores, aurigas, poetas, césares excéntricos y casquivanas esposas imperiales. Los romanos que protagonizan péplums y novelas históricas representaban, en realidad, menos de 1% de la población. Ya acaparaban casi toda la atención de los cronistas de su tiempo. Pero si uno tenía la suerte o la desgracia de nacer en el territorio romano, lo más probable es que su destino fuera el de un romano del montón, lo que los patricios de la época llamaban un plebeyo. Eso cuando no les dedicaban epítetos tan “cariñosos” como faex (literalmente, heces), un término que aparece en distintos edictos imperiales tardorromanos para referirse sin ningún rubor a un pueblo llano que los últimos césares consideraban chusma.

Plebs significa muchedumbre, y así se dividía, en efecto, la sociedad en los inicios de la república: un pequeño grupo de privilegiados y una gran masa de ciudadanos con escasos derechos, con el añadido de unos pocos esclavos integrados en la vida familiar. La democracia estaba diseñada a medida de la élite patricia. Solo ellos podían ser magistrados, sacerdotes o jueces, y solo ellos tenían derecho a voto en el Senado.

Las asambleas, o comicios, eran el único órgano en que la plebe podía hacer oír su voz, pero todo estaba amañado para que los votos de ésta jamás superaran los de los patricios. A los comicios curiales, los nobles acudían rodeados de clientes, ciudadanos que dependían de ellos económicamente y que votaban sin chistar al candidato que apoyara su patrón. En las asambleas centuriales, las 98 centurias patricias superaban las 95 plebeyas. Y si todo esto fallaba, el Senado podía ejercer su derecho de veto y anular cualquier decisión tomada en asamblea popular.

Los patricios basaban todas estas ventajas en la tradición, pero también en su poderío militar. Hasta el siglo VI a.C. la caballería era decisiva para ganar una guerra, y Roma, recién desvinculada del mundo etrusco y sus monarquías, dependía de la protección de sus nobles caballeros. Pero hacia el siglo V a.C. la forma de guerrear cambió. La infantería se volvió decisiva en las nuevas tácticas militares y los plebeyos, que por fin confiaban en su propia fuerza, empezaron a reclamar mayor protagonismo político.

Una crisis económica fue el detonante de una imparable carrera de mejoras sociales en la Roma republicana. Corre el año 494 a.C. y los campesinos corrientes están empobrecidos. Generación tras generación han ido dividiendo sus tierras entre sus herederos hasta crear minifundios que apenas dan para comer. Las deudas les agobian y la esclavitud acecha: en caso de impago, el acreedor tiene derecho a esclavizarlos. Por su parte, los patricios necesitan a los plebeyos como soldados, para protegerse de un ataque inminente. Llegan a un acuerdo: a cambio de la ayuda de la plebe en el campo de batalla, se abolirá la esclavitud por deudas.

Pasado el peligro, no obstante, los patricios se desdicen de sus promesas. La plebe reacciona convocando una secesión, la primera huelga romana de la que tenemos constancia. Dejan Roma sin mano de obra, se marchan al vecino monte Sacro y no bajan de allí hasta obtener tres cosas: una asamblea plebeya (el concilium plebis), dos magistrados plebeyos (los tribunos de la plebe) y un templo a la diosa Ceres, regido por sacerdotes también plebeyos. Los nuevos tribunos de la plebe gozaban de inviolabilidad, proporcionaban asistencia legal a las víctimas de abusos judiciales y, con el tiempo, adquirieron el derecho a vetar cualquier decisión del Senado que perjudicara gravemente los intereses de las clases bajas.

El éxito de esta protesta animó a la plebe a seguir conquistando derechos. A mediados del siglo V a.C. se pone por escrito la ley de las Doce Tablas. No es precisamente una legislación progresista: consagra la esclavitud por deudas y el derecho de los padres a vender a sus hijos. Además prohíbe el matrimonio entre plebeyos y patricios. Aun así, se considera todo un logro. Garantiza a los acusados el derecho a un defensor y, lo más importante, proporciona a todos los ciudadanos una norma escrita a la que apelar. Hasta entonces, las leyes se transmitían por tradición oral, por lo que los litigantes dependían de la erudición y la buena fe de los jueces patricios, cuyas lagunas de memoria tendían a favorecer siempre a los de su casta.

Sería un error creer que estos movimientos sociales los instigaban campesinos y artesanos pobres. Tras ellos se escondía la ambición de un nuevo estamento social, los comerciantes plebeyos enriquecidos. Si los primeros querían tierras y condiciones dignas de vida, los segundos aspiraban a obtener los mismos privilegios que los patricios. En 445 a.C. se autoriza por primera vez el matrimonio entre patricios y plebeyos. Un año más tarde se crea el cargo de tribuno militar, abierto por igual a candidatos de alta y baja cuna. Al siguiente aparecen los censores, que clasifican a los ciudadanos según su patrimonio. La jerarquía económica condiciona el ejército: un soldado combate en una centuria u otra en función del equipamiento bélico que sus ingresos le permiten costearse. El dinero empieza a pesar casi tanto como la pureza de sangre.

Una vez consolidadas las instituciones puramente plebeyas, estos potentados cambian de táctica y reclaman cargos hasta entonces reservados a los patricios. Empiezan tímidamente por la magistratura más baja, la de cuestor. A lo largo del siglo IV a.C. sucesivas crisis y secesiones les abrirán las puertas del consulado, la dictadura, la censura y la pretura. En el año 312 a.C. conquistan el último bastión de poder: los senadores plebeyos obtienen pleno derecho de voto en el Senado. Institución que, además ya no puede vetar de manera arbitraria las decisiones tomadas por la asamblea popular. Nace una nueva élite en la que patricios y plebeyos ricos, emparentados entre sí, ya no son tan distintos.

La república halló un remedio eficaz para contentar también a los pobres y disminuir las tensiones sociales: el expansionismo. Los apuros económicos de los campesinos podían resolverse conquistando nuevos territorios y repartiendo las tierras de cultivo entre el pueblo. A lo largo del siglo IV a.C., Roma fue sometiendo porciones cada vez mayores de la península itálica y otorgando tierras a los desposeídos. El problema era que también las familias pudientes querían ampliar sus haciendas, y su trozo de pastel siempre era mayor. En 367 a.C., una de las leyes llamadas Licinias Sextias trató de meter en cintura a los grandes potentados y fijó en 500 yugadas (125 hectáreas) la extensión máxima de suelo público que podía poseer un particular. Patricios y nuevos ricos se vieron obligados a devolver parte de las tierras recién agenciadas, pero al cabo del tiempo se saltaron la ley tranquilamente.

En un círculo vicioso que parecía no tener fin, la escasez agrícola obligaba a emprender nuevas conquistas para satisfacer las necesidades de los más humildes y evitar revueltas, conquistas que se saldaban con pingües beneficios también para los ricos.

Al principio, la guerra favoreció a los ciudadanos de alta y baja cuna. Además hubo una tercera clase beneficiada, los esclavos locales. La miseria ya no empujaba a los campesinos a vender a sus hijos, y en 326 a.C. se abolió la esclavitud por deudas. A fin de cuentas, las deudas, en plena bonanza, habían pasado a ser anecdóticas, y quien quisiera siervos podía elegir entre abundantes (y baratos) prisioneros de guerra. Entre los más adinerados se puso de moda liberar en masa a los esclavos domésticos de toda la vida. De este modo los convertían en clientes y se aseguraban su agradecimiento, su fidelidad y su voto en las asambleas populares.

Esclava trabajando
Esclava trabajando

Las explotaciones agrarias y mineras, en cambio, se nutrieron de miles de esclavos extranjeros a los que se dispensaba un trato inhumano. Y su tragedia acabó afectando también al campesinado libre. Tras conquistar Macedonia y destruir Cartago, Roma se erigió en dueña absoluta del Mediterráneo, una potencia con materias primas inagotables (que importaba a precios muy ventajosos) y que tenía a su disposición un mercado inmenso donde vender sus manufacturas. Los romanos ya no necesitaban cultivar lo que comían. El trigo que llegaba de las provincias era tan barato que los campesinos locales no podían competir en precio y se arruinaban. Los grandes terratenientes aprovecharon la circunstancia para intimidar a los pequeños y obligarles a malvender sus parcelas. Después no se molestaban en contratarlos como jornaleros en sus latifundios. ¿Para qué, habiendo abundancia de esclavos, más rentables y sumisos? Los desposeídos inundaron las calles de Roma, condenados a vivir de los subsidios que los políticos repartían para ganarse el favor de la plebe.

A finales del siglo II a.C., varias reformas trataron de devolver la dignidad a los campesinos sin tierra, pero todas fracasaron. El tribuno de la plebe Tiberio Sempronio Graco quiso volver a limitar la extensión de los latifundios y, para proteger la pequeña propiedad, repartió las tierras sobrantes en régimen de arrendamiento: los campesinos podían explotarlas, pero no venderlas. De este modo los grandes hacendados tampoco podrían comprarlas. Esta medida creó un gran malestar entre las clases altas, y Graco fue asesinado en plena asamblea popular. Diez años más tarde, su hermano Cayo Sempronio Graco emprendió una reforma aún más ambiciosa, que también le costaría la vida. A un posterior tribuno de la plebe reformista, Lucio Apuleyo Saturnino, lo liquidarían por idénticos motivos. Fueron tres excepciones en un escenario político que los optimates (como se denominaban a sí mismos los miembros de la nobleza mas tradicional) se distinguían cada vez menos de sus rivales, los senadores y magistrados populares. Estos últimos se apoyaban en la plebe para hacer carrera, pero por lo demás gozaban de los mismos privilegios que el patriciado más rancio, y no mostraban el menor interés en renunciar a ellos.

En cambio, otro colectivo en lucha sí logró hacer realidad sus reivindicaciones. Los italicos no romanos tomaron las armas en 91 a. C. para exigir la ciudadanía romana y sus correspondientes beneficios: derecho a participar en la vida politica, a servir en el ejército y a contar en los repartos de tierras. No pretedian trastocar el orden social de Roma, solamente formar parte de él, y lo consiguieron en apenas dos años de contienda. A partir de entonces, Italia entera sería el epicentro del Imperio.

El principado de Augusto, que puso fin a la república y a cuarenta años de guerras civiles, no alteró significativamente la vida de los más humildes. El marco polític0 cambió, pero, en esencia, la estructura social se mantuvo intacta en tiempos de los primeros césares. No hubo movimientos revolucionarios que la cuestionaran, salvo unos pocos motines de esclavos en regiones como Apulia y Calabria, donde las condiciones de vida de éstos eran especialmente malas, o algunos brotes aislados de violencia urbana en épocas de escasez de cereales.

Los principales focos de malestar se trasladaron a las provincias, cuyos habitantes se rebelaban de vez en cuando contra la dominación romana. Pero la propia romanización fue mitigando estos conflictos, a medida que las élites de provincias iban adquiriendo la ciudadanía y veían abrirse ante ellos, poco a poco, las puertas de una brillante carrera politica. En tiempos de Nerón había ya cincuenta senadores de provincias. Con Marco Aurelio, los provinciales superaban en número a los de origen itálico.

Preocupada por mantener el control de un imperio tan extenso, Roma abandonó su politica expansionista y fue estabilizando sus fronteras. El flujo de prisioneros de guerra esclavizados se interrumpió, y sus precios subieron de nuevo. Ya no resultaba conveniente explotarlos hasta la muerte, puesto que no eran tan fáciles de reemplazar. Gradualmente, el maltrato dejó de estar bien visto. Personalidades como Séneca y Petronio reconocían ya que los esclavos eran seres humanos. Las leyes empezaron a regular las vidas de los siervos y a concederles cierta protecclón, aunque precaria. Según ley Petronia, un esclavo solo podía ser arrojado a las fieras con el consentimiento de los magistrados. Claudio prohibió la práctica de matar a los esclavos viejos y enfermos y dispuso que, en caso sus duefios los abandonaran, el Estado se encargaría de alimentarlos. Domiciano prohibió castrarlos. Bajo Adriano, los amos ya no podian ejecutar personalmente a sus esclavos, ni siquiera aunque éstos fueran culpables de algún delito.

Se extendió la práctica de liberar a los siervos hacia los treinta años de edad, previo pago de una cantidad en concepto de manumisién. Así, los amos recuperaban la inversión, renovaban su plantilla con siervos más jóvenes y ampliaban su clientela de libertos leales. Dado que el trato dispensado era mejor, sobre todo en las ciudades, y las perspectivas de obtener la libertad a una edad razonable eran altas, muchos habitantes de provincias, pobres y sin derechos, se vendían voluntariamente como esclavos. Sabían que si lograban comprar su libertad, ellos y hijos obtendrían automáticamente la ciudadanía romana, optarian a un subsidio alimentario y, si tenían suerte, tal vez incluso a una parcela de tierra que cultivar. Servir en el ejército era otro camino para obtener derechos de ciudadanía y un medio de subsistencia. Es difícil decidir cuál de estas dos opciones era peor.

El estigma que acompañaba a quien nacía esclavo o hijo de libertos jamás desapareció. Incluso al hombre de negocios más acaudalado le estaban vedados determinados cargos si su origen no era suficientemente puro. No obstante, la eterna rivalidad entre los césares y el Senado trajo consigo un fenómeno insólito: los libertos e incluso algunos esclavos imperiales podían llegar a ser más poderosos y opulentos que muchos patricios. Narciso, el hombre de confianza de Claudio, o Antínoo, el malogrado amante de Adriano, son dos casos paradigmáticos.


Para saber más:

  • HNG67-52: Patricios y plebeyos
  • HNG84-30: Un día en la vida de un patricio en la antigua Roma